El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), una normativa con la que España busca reforzar el control sobre esta tecnología y garantizar un desarrollo “confiable, ético y garantista”.

La iniciativa fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros y será remitida ahora al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. La nueva regulación adapta al marco jurídico español el reglamento europeo sobre inteligencia artificial y establece un sistema de supervisión, sanciones y control para proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles usos abusivos de esta tecnología.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la importancia estratégica de esta ley y aseguró que la inteligencia artificial afecta ya a cuestiones clave como el empleo, la ciberseguridad, la privacidad, la protección de menores o la calidad democrática.

Según explicó el ministro, la futura ley obligará a que todos los sistemas de inteligencia artificial cuenten con supervisión humana, una de las medidas consideradas esenciales dentro del nuevo modelo regulador. Además, las empresas y desarrolladores de IA deberán asumir responsabilidades específicas y cumplir obligaciones de transparencia sobre el funcionamiento de sus algoritmos.

La normativa incorpora también una clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece un régimen sancionador para aquellas prácticas consideradas ilegales o contrarias a los derechos fundamentales. Entre las prohibiciones ya contempladas por la legislación europea figuran la vigilancia biométrica masiva, la puntuación social, la manipulación subliminal o el reconocimiento emocional en determinados contextos.

Además, el Ejecutivo destacó la reciente incorporación de dos nuevas prohibiciones impulsadas por España en el ámbito europeo: la generación de ‘deepfakes’ sexuales y la creación de pornografía infantil mediante inteligencia artificial. El Gobierno considera estas medidas fundamentales para reforzar la protección de menores y combatir nuevas formas de violencia digital.

El sistema de gobernanza estará liderado por la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), ubicada en A Coruña, que actuará como autoridad central de supervisión. Junto a ella participarán otros organismos especializados, como el Banco de España en el ámbito financiero, la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo General del Poder Judicial en materias relacionadas con la justicia.

La ley también introduce nuevas obligaciones dentro de la Administración Pública. Entre ellas figura la creación de la figura del “delegado de IA”, encargado de supervisar el uso responsable y transparente de estas herramientas en organismos estatales.

El Ejecutivo sostiene que España se sitúa ya entre los países más avanzados del mundo en regulación de inteligencia artificial gracias a iniciativas previas como la Carta de Derechos Digitales, el Observatorio de Derechos Digitales o el desarrollo del modelo público de lenguaje ALIA.

La nueva normativa busca combinar innovación tecnológica y garantías legales en un momento en el que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial ha abierto un intenso debate internacional sobre sus riesgos y oportunidades.